Se ha puesto en marcha el expediente para modificar el Plan General de Ordenación que respetará las zonas verdes y dotaciones públicas prevista.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha informado este jueves al Consejo del Gobierno de Canarias de la puesta en marcha del expediente para modificar el Plan General de Ordenación de la capital tinerfeña para albergar el nuevo palacio de Justicia en la zona de Cabo Llanos.

El titular de ese departamento y portavoz del Gobierno de Canarias ha informado de que el nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz respetará las zonas verdes y dotaciones públicas previstas.

Según el acuerdo del Consejo del Gobierno de Canarias, en breve se iniciará la tramitación del expediente administrativo que dará cobertura a la construcción de las nuevas instalaciones judiciales y se impulsará la redacción del proyecto para dotar a Santa Cruz de Tenerife de un nuevo edificio judicial.

Un edificio que albergará tanto a los órganos judiciales unipersonales como colegiados, los servicios del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, los equipos de mediación, dependencias específicas para profesionales de la abogacía y la procura, además de otras profesiones jurídicas, así como servicios comunes, salas de acceso y espera, bibliotecas y salas de estudio, entre otros.

En este sentido, Julio Pérez explicó la alternativa (entre nueve que han sido estudiadas) acogida de común acuerdo con los departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte de la Ciudad de la Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión, se explica en el acuerdo del Consejo del Gobierno.

Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento.

A tal fin, se emplearán dos parcelas propiedad del Gobierno de Canarias en la manzana ubicada detrás de los centros comerciales de la Avenida de 3 de Mayo, y se repartirá el aprovechamiento de esas dos parcelas.

El uso docente se trasladará a una parcela inmediata, a la ubicada detrás de las Torres, donde se utilizará el aprovechamiento edificativo existente para albergar el centro educativo.

Con el fin de culminar los trabajos en el menor tiempo posible, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tramita un nuevo encargo a la empresa pública Gestur Tenerife SA para la redacción de los documentos que permitan llevar a cabo la actuación excepcional del Gobierno para la modificación de parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, con el objeto de garantizar la implantación de la Ciudad de la Justicia.

Asimismo, se elaborarán las normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del PGO y se efectuará el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégico.

Con estas actuaciones, a juicio del Gobierno, se logrará el impulso definitivo del proyecto y el comienzo de los trabajos para dotar a Santa Cruz de Tenerife de las instalaciones necesarias para garantizar una administración de Justicia moderna y eficiente, en un espacio emblemático de la ciudad y de forma coincidente con las reivindicaciones de los operadores jurídicos y de la ciudadanía, al mantener y ampliar las dotaciones y servicios públicos de la zona.

Señala el gobierno regional que desde el inicio de la legislatura, la Consejería ha llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

En el marco del encargo suscrito por Orden del anterior consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias de 30 de abril de 2019 con la entidad Gestur Tenerife SA, esta empresa pública elaboró los documentos necesarios para el estudio de distintas alternativas que permitan la corrección, en lo necesario, de las previsiones urbanísticas vigentes en la zona de Cabo Llanos, para el desarrollo del nuevo edificio.

En este contexto, la Consejería introdujo varios planteamientos nuevos al encargo que se tomaron en consideración, tales como la no supresión de los equipamientos ciudadanos previstos, o su traslado a zonas inmediatas.

Otros requerimientos son el mantenimiento del uso del actual Palacio de Justicia; el traslado de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de los restantes órganos ubicados en la Plaza de San Francisco, y que se tomara como referencia para el proyecto que el desarrollo del Palacio de Justicia en la zona actual de Cabo Llanos deberá contar con zonas verdes y plazas de conexión entre sus edificios.

Fuente: Diario El Día

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